Redes sociales en la mira del Centro de Intervención
La legislación especial que permite que sean interceptadas las telecomunicaciones en los casos de investigación criminal y la tecnología de avanzada proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos harán que la Fiscalía General no sólo pueda intervenir las comunicaciones telefónicas, ya sea por linea fija o celular, que se den entre los delincuentes, sino que también permitirá intervenir otros medios, como correos electrónicos, mensajes de texto por celulares, redes sociales como Facebook y Twitter y salas de chat, entre otros.
Según el artículo también se contempla que las comunicaciones que sostengan los delincuentes por medio de radios de comunicación, telegrafía, medios telemáticos o de naturaleza similar podrán ser interceptadas para fines de investigación.
El literal a) del art. 4 de la Ley Especial para la intervención de las telecomunicaciones, que detalla las definiciones a que se refiere la legislación, reza: "Telecomunicaciones: Cualquier tipo de transmisión, emisión, recepción de signos, símbolos, señales escritas, imágenes, correos electrónicos, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilos, radioelectricidad, medios ópticos u otro sistema electromagnético, quedando comprendidas las realizadas por medio de telefonía, radiocomunicación, telegrafía, medios informáticos o telemáticos, o de naturaleza similar".
Todas las intervenciones, sin embargo, que las autoridades policiales y fiscales pretendan hacer a cualquier tipo de comunicación deberán primero ser autorizadas por un juez de Instrucción, siempre y cuando los argumentos estén bien justificados y se tengan los indicios necesarios de que el sospechoso es parte de estructuras del crimen organizado.
El fiscal general, Romeo Barahona, sostiene que el nuevo Centro de Intervención de las Telecomunicaciones tiene la tecnología necesaria para poder interceptar cualquier tipo de comunicación, ya sea que provenga de telefonía o de medios informáticos.
Si, por ejemplo, los delincuentes están extorsionando o negociando un secuestro por medio de sistemas informáticos, el equipo tecnológico adquirido será capaz, enlazado con las empresas telefónicas, de poder intervenir los mensajes que no pueden ser vistos por la audiencia cibernética, sino solamente entre los interlocutores.
"Las compañías telefónicas no dan solo el servicio de celulares, sino también el servicio de Internet; entonces a través de esas empresas se van a poder intervenir los servicios informáticos que sean contratados por los delincuentes, y así vamos a poder investigarlos por medio de esta herramienta tecnológica, pero siempre y cuando haya una autorización de un juez y haya la necesidad de hacerlo", explicó Barahona.
La ley permite que las comunicaciones de los sospechosos sean intervenidas hasta por tres meses, pero este período se podrá prorrogar hasta en tres oportunidades, siempre y cuando la Fiscalía justifique que la intervención sigue siendo necesaria para recabar más evidencias en contra de los investigados.
Señala Barahona que las intervenciones deben ser una medida temporal, porque podrían ser vulnerados el derecho a la intimidad y el secreto de las telecomunicaciones de una persona, que están contempladas en la Constitución de la República, debido a que son libertades fundamentales que no se pueden violentar de forma indefinida.
De hecho, no siempre la Fiscalía podrá acudir a la intervención telefónica o de las redes informáticas para investigar algún hecho delictivo u organización criminal.
Esta técnica de investigación tecnológica se podrá utilizar o como herramienta complementaria de una investigación criminal, para confirmar la participación de un sospechoso en un delito que se investiga, o cuando otras técnicas de investigación no hayan arrojado los indicios necesarios para acusar a una persona de algún delito.
Cárcel por abusos
Para garantizar que el Centro de Intervención no sea utilizado para hacer interceptaciones ilegales, la ley especial establece las respectivas sanciones para la persona que abuse de su cargo.
"Si se descubre que algún técnico está haciendo esa práctica ilegal, entonces recaerá en delito, porque al que lo haga se le va a poder detectar, ya que cada quien tendrá un código para acceder al sistema; si lo hace se podrá identificar el código del empleado que haga esa práctica ilegal", señaló Barahona.
El castigo penal que contempla la ley para los que hagan intervenciones ilegales oscila entre los cinco y 10 años de prisión, más la inhabilitación de la profesión que ejerza el infractor.
En estos momentos, los jefes de las unidades especializadas de la Fiscalía trabajan en escoger aquellos casos fiscales en los que consideren que se hace necesario la intervención de los teléfonos de los sospechosos.
Funes pide celeridad
El presidente Mauricio Funes demandó ayer de la Fiscalía General que eche a andar en el menor tiempo posible las operaciones del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones.
"Ya tenemos los recursos. Los recursos fueron dados por el gobierno de los Estados Unidos. Ya está nombrado el personal que estará al frente de este centro de escuchas. Lo que necesitamos es que comience a trabajar de la mano con la Policía Nacional Civil", dijo el mandatario durante su discurso de inauguración del nuevo sistema de emergencias 911.
El Centro de Intervención fue posible gracias al donativo de $5 millones por parte del país norteamericano, contribución que se tradujo en equipo tecnológico avanzado con el que funcionan otros centros similares.
El ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, cree que el centro podrá trabajar conjuntamente con el nuevo sistema 911.
"Con estos dos elementos juntos vamos a integrar una sinergia que le va a dar una mayor operatividad al sistema de justicia en el país y es importante que se comience a echar a andar el centro de escuchas telefónicas", dijo Munguía Payés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario